The universal right to housing

[Massimo A. Allamandola]

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Subject: [campaign07-08] El derecho universal a una vivienda digna


The universal right to housing

Le droit universale aux logement


El Gobierno andaluz ha iniciado los trámites para aprobar la primera ley 
en Espaa que garantiza el acceso a una vivienda digna a todos aquellos 
ciudadanos que tengan ingresos inferiores a 5,5 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), unos 3.140 euros mensuales.

The Local Governmet of Andalucia (Spain) started to work on a project - 
soon to become law - for the Right to Housing.
This will guarantee to the people of Andalucia, a house, a rent or a 
property , by law never at a higer price than a 3rd of the familiy
income. Also all citizens with income lower than 5,5 the Minum Wage 
(SMI) quantfyble as 3.140 euros per month.

Full details and economic terms of the law in the articles.  The 
proposed law is expected to have a national audit over the next weeks and
to become law next March.

Hope we will be able to translate these article soon in English and French.


Massimo

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El derecho universal a una vivienda digna
Andalucía tramita una ley que garantiza el acceso a la vivienda con un 
tercio de la renta

J. MÉNDEZ - Sevilla - 05/09/2007
http://tinyurl.com/2vf2cg

El Gobierno andaluz inició ayer la tramitación del anteproyecto de Ley 
del Derecho a la Vivienda que garantizará a los andaluces una casa, en 
alquiler o en propiedad, sin que el esfuerzo económico para adquirirla 
supere en ningún caso un tercio de sus ingresos familiares. La futura 
ley, que el Gobierno andaluz advirtió no podrá aprobarse en esta 
legislatura que finaliza en marzo, regulará el acceso a la vivienda "en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que faciliten dicho acceso".

La ley establecerá que el derecho de acceso a la vivienda se regirá por 
los ingresos familiares, según sean inferiores al Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), sustituto del salario mínimo 
interprofesional, o sean ingresos superiores pero insuficientes para 
acudir al mercado libre. Los andaluces que podrían beneficiarse de este 
derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales no superen los 3.100 
euros (el tope máximo exigido para acceder a una vivienda protegida).

En el primer caso, la Junta garantizará a las familias andaluzas más 
pobres (con ingresos inferiores a 500 euros mensuales) el acceso a una 
vivienda pública en régimen de alquiler a un precio no superior al 25% 
de su renta (125 euros mensuales).

Cuando ganen más de 500 euros, la Junta les facilitará una vivienda en 
alquiler o en propiedad siempre que sus ingresos no superen las 5,5 
veces el Salario Mínimo Interprofesional (al ser éste de 570 euros, el 
tope para las ayudas sería una renta de 3.100 euros). Los beneficiarios 
pagarán por estas viviendas un tercio de los ingresos familiares totales 
(es decir, el máximo que se pagaría al mes sería poco más de 1.000 euros).

El anteproyecto de ley establece que serán los municipios los que 
establezcan las necesidades concretas de sus ciudadanos, mediante la 
realización de estudios o encuestas, y establecerán los recursos 
necesarios para satisfacerlas, tanto a través de la dotación de suelo 
del patrimonio municipal como con las reservas legales establecidas por 
la Junta de Andalucía en los planeamientos, que preven un mínimo del 30% 
del suelo dedicado a vivienda pública. Los planes autonómicos 
determinarán asimismo la tipología de las viviendas y la financiación de 
las mismas.
700.000 casas en 10 aos

La Junta ha elaborado este anteproyecto de Ley tras un amplio debate en 
el que han participado técnicos de la Administración regional, así como 
la secretaría de la vivienda de la Generalitat de Catalua, la facultad 
de Sociología de Granada, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
(IESA) y promotores públicos andaluces y nacionales.

La Junta facilitará a los municipios las herramientas técnicas 
necesarias para la elaboración de los escenarios de demanda, aunque la 
administración ha fijado ya un número de viviendas a construir en un 
periodo de 10 aos que se sitúa en las 700.000 casas, de las que 300.000 
deberán ser protegidas.

Este número se concreta en la oferta lanzada por el presidente andaluz, 
Manuel Chaves, de consensuar un Pacto por la Vivienda en Andalucía, que 
pretende establecer acuerdos en tres niveles: uno institucional con los 
municipios y el Gobierno central; otro financiero con los bancos, cajas 
e instituciones de crédito, y un tercero con los agentes económicos y 
sociales.

El anteproyecto de ley establece que los municipios deberán incluir en 
sus instrumentos de planificación urbanística, el suelo urbano no 
consolidado y el suelo urbanizable sectorizado, con uso residencial 
suficiente para garantizar el acceso de los vecinos a una vivienda. 
Asimismo, la ubicación de los suelos destinados a la promoción pública y 
a reservas de vivienda protegida, con los plazos de inicio y terminación 
de las viviendas, así como las características de ambas.

La ley concreta que serán los Planes Generales de Ordenación Urbana de 
los municipios los que delimiten zonas en las que sea necesario llevar a 
cabo una rehabilitación integral de barrios y de centros históricos. En 
este sentido, la Junta de Andalucía ya tiene en marcha un plan de 
rehabilitación de barrios y centros históricos que abarca a más de 
40.000 viviendas en la comunidad.

Por otro lado, el citado anteproyecto establece que la Junta impulsará 
la erradicación de las infraviviendas y evitará que los inmuebles que no 
reunan los requisitos exigidos para una vivienda digna sean vendidos, 
alquilados o cedidos como vivienda.

La Junta ha incorporado al texto legal la figura del alojamiento, 
dirigida a aquellas personas que no puedan optar a una vivienda 
protegida bien en propiedad o en alquiler, pero a la que se le 
facilitará un lugar para vivir. Se tratará de conjuntos de alojamientos 
que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la 
residencia colectiva, y que deberán incluirse en los Planes Urbanísticos.

Respecto a la construcción de la vivienda, la Junta certificará y será 
requisito indispensable para obtener las licencias de ocupación la 
calidad de las viviendas construidas. Estas certificaciones serán 
expedidas por agencias independientes de control homologadas por la 
Junta y deberán asegurar entre otros parámetros criterios de 
sostenibilidad de las construcciones, accesos a servicios y 
equipamientos públicos, y accesibilidad para discapacitados.

El anuncio de la tramitación de la ley fue acogido favorablemente ayer 
por la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios, Fadeco 
Promotores. Su presidente, Federico Muela, mostró la disposición de su 
organización a colaborar con la Junta y a hacer oír sus opiniones. "Es 
positivo legislar sobre vivienda para proteger y ayudar a los jóvenes y 
a los más desfavorecidos para que obtengan una vivienda", afirmó Muela, 
quien consideró necesario " suministrar suelo para podamos hacer todo 
tipo de viviendas".

Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía 
(Facua) expresó su deseo de que la futura norma "no sea más de lo 
mismo", tras lo que lamentó la "excesiva tendencia hacia la regulación" 
y las "graves carencias" que existen en el control de su cumplimiento.



El derecho universal a una vivienda digna
Independencia y empadronamiento

EL PAÍS - Sevilla - 05/09/2007
http://tinyurl.com/3yatob

La futura Ley del Derecho a la Vivienda que ayer comenzó a tramitar el 
Gobierno andaluz establece que serán titulares de ese derecho a una 
vivienda digna y de calidad las personas que acrediten, en la forma que 
se determine reglamentariamente, (por ejemplo su afiliación a la 
seguridad social, el ejercicio de una profesión, de su situación 
laboral...), estar en disposición de llevar a una vida independiente de 
su familia de procedencia con el suficiente grado de autonomía.

Asimismo, se exigirá que tengan su residencia en un municipio andaluz. 
Esa exigencia podrá ser de un periodo ininterrumpido de empadronamiento 
hasta de cinco aos en el mismo lugar.

Otro de los requisitos será que no sean titulares de una propiedad o de 
algún otro derecho real sobre una vivienda existente.

Y por último, que no puedan acceder a una vivienda en el mercado libre 
de la vivienda por razón de sus ingresos económicos, computados 
conjuntamente, en su caso, con su unidad familiar.

Para todos los que queden fuera de estos parámetros la ley regula una 
nueva figura de acceso a la vivienda, denominada alojamiento.

Por otro lado, la ley obligará a las distintas administraciones a 
aprobar los correspondientes planes autonómicos y locales en materia de 
vivienda, en el marco de las ayudas estatales, que conformaran el 
sistema de financiación que garantice el acceso a este derecho.

Con carácter específico, estos planes deberán recoger ayudas para la 
salida al mercado de las viviendas desocupadas mediante incentivos, y 
ayudas a los jóvenes menores de 35 aos para el acceso a una vivienda en 
alquiler.






El derecho universal a una vivienda digna ANTEPROYECTO ANDALUZ DE LEY DE 
DERECHO A LA VIVIENDA
"Un derecho constitucional exigible a la Administración"

EL PAÍS - Sevilla - 05/09/2007
http://tinyurl.com/2o6nov

El Gobierno andaluz ha iniciado los trámites para aprobar la primera ley 
en Espaa que garantiza el acceso a una vivienda digna a todos aquellos 
ciudadanos que tengan ingresos inferiores a 5,5 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), unos 3.140 euros mensuales. Los principales 
aspectos del anteproyecto de Ley, que deberá ser aprobado por el 
parlamento andaluz, son los que siguen.

- Derecho a una vivienda digna. Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto regular el derecho constitucional a 
una vivienda digna y adecuada a la situación familiar, económica y 
social, del que son titulares las personas físicas a las que se refiere 
el artículo 12 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

A tal efecto este derecho conlleva a su vez:

a) El derecho de acceso a una vivienda que además de ser digna y 
adecuada a la situación familiar, económica y social sea una vivienda de 
calidad.

b) El derecho a disfrutar de la vivienda durante su vida útil 
manteniendo estas características y, en su caso, rehabilitándose al 
objeto de recuperarlas, siempre que se hayan cumplido las obligaciones 
de sus titulares establecidas a tal efecto en la legislación urbanística.

(...) 3. La presente Ley contiene el conjunto de derechos y obligaciones 
que para la realización progresiva de este derecho constitucional 
resultan exigibles a las Administraciones Públicas andaluzas, a las 
entidades públicas y privadas con intereses en el ámbito sectorial de la 
vivienda y a las personas físicas titulares del derecho.

- Titulares del derecho. Artículo 3. Aquellos que acrediten, en la forma 
que se determine reglamentariamente, (por ejemplo su afiliación a la 
seguridad social, del ejercicio de una profesión, de su situación 
laboral...), estar en disposición de llevar una vida independiente de su 
familia de procedencia con el suficiente grado de autonomía; que tengan 
su residencia en un municipio andaluz, pudiendo exigírsele un período 
ininterrumpido de empadronamiento de hasta cinco aos en el mismo; que 
no sean titulares de la propiedad o de algún otro derecho real sobre una 
vivienda existente; que no puedan acceder a una vivienda en el mercado 
libre de la vivienda por razón de sus ingresos económicos, computados 
conjuntamente, en su caso, con su nueva unidad familiar.

- Requisitos económicos. Artículo 4. En función de los ingresos 
familiares de los titulares del derecho, la garantía del acceso a la 
vivienda será la siguiente:

a) Si los ingresos de la unidad familiar no superan el IPREM [Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples, que es el índice de referencia en 
Espaa para el cálculo del umbral de ingresos a muchos efectos (ayudas 
para vivienda, becas, subsidios por desempleo...) y que en 2007 quedó 
fijado en 500 euros] se garantiza el derecho de acceso a una vivienda 
protegida a través de la promoción pública en alquiler.

Reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias al objeto de 
que la renta del alquiler que haya que satisfacerse no supere el 25% del 
IPREM vigente en cada momento (125 euros este ao).

b) Si los ingresos de la unidad familiar superan el IPREM pero son 
inferiores a los que se fijen por referencia al citado índice en los 
planes y programas de vivienda protegida (ahora situados en 5,5 veces el 
SMI, unos 3.120 euros), el ejercicio del derecho de acceso a la vivienda 
se favorecerá mediante una oferta de viviendas protegidas, tanto de 
promoción pública como privada, adecuada a las necesidades de los 
vecinos en cada municipio, que serán adjudicadas, en condiciones de 
igualdad, concurrencia y publicidad, complementándose con viviendas 
desocupadas que se oferten en alquiler.

Igualmente se determinarán ayudas complementarias para garantizar que 
las cantidades mensuales que hayan de satisfacerse por las unidades 
familiares no superen la tercera parte de los ingresos brutos de la 
unidad familiar (un máximo de 930 euros), si se trata de acceso a la 
vivienda en régimen de propiedad, o la cuarta parte de los mismos (un 
máximo de 800 euros aproximadamente) en el caso del acceso a la vivienda 
en régimen de alquiler.

- Obligaciones financieras de las administraciones públicas.

Artículo 5. Las Administraciones Públicas están obligadas a aprobar los 
correspondientes planes autonómicos y locales en materia de vivienda, en 
el marco de las ayudas estatales, que conforman un sistema de 
financiación que garanticen el acceso previsto en el artículo 4. En los 
planes se recogerán las medidas que, en cada momento, se consideren 
necesarias para el acceso a la vivienda protegida en venta o en 
alquiler, tales como préstamos cualificados, ayudas a la entrada en caso 
de compraventa, subsidiaciones a los préstamos, ayudas al promotor, 
ayudas periódicas para facilitar el pago del precio o la renta del 
alquiler y los arrendamientos con opción de compra.

- Viviendas vacías y ayudas a menores de 35 aos. En estos planes se 
deberá recoger, con carácter específico:

a) Ayudas para la salida al mercado de las viviendas desocupadas con los 
incentivos que se establezcan en los citados planes.

b) Ayudas a los jóvenes menores de 35 aos para el acceso a una vivienda 
en alquiler.

3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son los instrumentos 
normativos que en cada municipio deben concretar las necesidades de 
vivienda de calidad digna y adecuada para sus vecinos, al definir la 
ordenación urbanística del municipio, de acuerdo con sus características 
y los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y 
previsibles a medio plazo.

- Condiciones para ejercer el derecho. Aquellas personas a las que se 
refiere el artículo 4.3.a) deberán acreditar su derecho, a través de los 
correspondientes servicios sociales de los Ayuntamientos en los que 
residen que deberán certificar que las mismas reúnen los requisitos para 
ser beneficiarios de una vivienda de promoción pública.
Alojamientos para los más pobres

El anteproyecto de ley del derecho a la vivienda del Gobierno andaluz 
también prevé soluciones para aquellos que ni siquiera llegan al umbral 
de los 500 euros de ingresos mensuales y cuyas necesidades son especiales.

Artículo 22. Situaciones de alojamiento.

1. Las Administraciones Públicas andaluzas deberán garantizar las 
necesidades habitacionales, para colectivos específicos con esta 
necesidad que no reúnan los requisitos previstos en el artículo 3 de 
esta Ley, mediante la promoción de conjuntos de alojamientos que 
constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la 
residencia colectiva, en los términos que se establezca reglamentariamente.

2. Estos alojamientos serán de promoción pública teniendo el carácter de 
viviendas protegidas, conforme a lo dispuesto en la normativa de 
vivienda protegida.

3. Los alojamientos deberán incluir zonas comunes que faciliten la mejor 
realización de su finalidad social, no siendo susceptibles de 
inscripción independiente en el Registro de la Propiedad las distintas 
unidades habitacionales.

4. Las personas que tengan derecho a estos alojamientos podrán optar a 
las ayudas que se determinen en los correspondientes programas, en 
función de sus ingresos económicos y con los mismos límites en relación 
con la cantidad a satisfacer que las previstas en el artículo 4.






El derecho universal a una vivienda digna
El Gobierno de Zapatero anunciará en las próximas semanas una "batería 
de potentes medidas"

05/09/2007
http://tinyurl.com/2mg65r

La nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, ultima estos días una 
batería de "potentes medidas" para facilitar el acceso a la vivienda de 
los más jóvenes. La ministra está manteniendo reuniones con distintos 
colectivos de consumidores, promotores de viviendas, sindicatos y 
asociaciones de jóvenes. El próximo jueves se reunirá con la ministra 
francesa de vivienda. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero (en la imagen, rodeado de diputadas socialistas en el Congreso) 
anunciará en las próximas semanas las medidas de choque que el Gobierno 
ha preparado para facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes.




Chaves entiende las dudas de Solbes, pero defiende el anteproyecto de 
vivienda andaluz
Carme Chacón, sin embargo, ha mostrado su "satisfacción" por la 
iniciativa de la Junta

AGENCIAS - Madrid - 05/09/2007

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha afirmado hoy 
que entiende que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de 
Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se ponga "a la defensiva" con 
respecto a la garantía por ley del derecho a una vivienda impulsada por 
el gobierno autonómico -ello podría implicar "restricciones económicas", 
según el ministro-, pero ha defendido la necesidad de resolver el 
"importante" problema del acceso a una vivienda asequible.

En rueda de prensa, tras reunirse con el alcalde de Sevilla, Alfredo 
Sánchez Monteseirín, Chaves ha relacionado las declaraciones de Solbes 
-que ha calificado la medida adoptada por Andalucía de "loable", aunque 
ha dudado de que sea la mejor fórmula para favorecer el acceso a una 
vivienda- con las reticencias de los titulares de la cartera de Economía 
a la hora de tratar sobre aumentos del gasto social.

Sin embargo, el máximo mandatario andaluz ha asegurado que "cuando se 
está inmerso en una dinámica de crecimiento económico, incluso con 
superávit, es lógico que una parte vaya dirigida a resolver problemas de 
la ciudadanía".

"Lo que ha querido decir el ministro de Economía es que, si los números 
salen, está de acuerdo", ha aseverado Chaves, que ha asegurado que 
existe un estudio del coste económico. "Lo podemos sufragar y cubrir a 
lo largo de todos los próximos aos", ha garantizado.

"Son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas"

Pedro Solbes, en unas declaraciones a la Cadena SER, ha apuntado esta 
maana que nunca es "partidario de grandes leyes de reconocimiento de 
derechos para toda la vida".

"Son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas 
significa restricciones económicas, criterios...", ha sostenido el 
vicepresidente del Gobierno, que se ha preguntado si la Junta de 
Andalucía "ha calculado bien lo que les costará".

"Soy mucho más partidario de programas específicos de actuación" que de 
leyes generalistas como la que quiere poner en marcha el Ejecutivo de 
Manuel Chaves, ha insistido.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha mostrado su 
"satisfacción" por el anteproyecto andaluz de Ley del Derecho a la 
Vivienda. "Si todas las administraciones públicas, al margen de opciones 
partidistas y colores políticos nos ponemos como prioridad que el acceso 
a la vivienda deje de ser un problema, será una realidad, en la que nos 
hemos empeado", ha apuntado. Por ello, según Chacón, "son bienvenidas 
iniciativas como las de la Junta de Andalucía".






La Comunidad "tomará medidas" para evitar las consecuencias de la subida 
de las hipotecas
La consejera de Vivienda, que no ha detallado cuáles serán las medidas, 
asegura que Andalucía "copia" las políticas de vivienda de Madrid

AGENCIAS - Madrid - 05/09/2007

http://tinyurl.com/3crqzo

La consejera de Vivienda, Ana Isabel Mario, ha anunciado hoy que la 
Comunidad de Madrid "tomará medidas" para paliar las consecuencias de 
una posible crisis hipotecaria que, según ha admitido, pueden afectar a 
la calidad de vida de las familias. Lo que no ha especificado Mario es 
de qué medidas se trata. Además de criticar a la ministra Carme Chacón 
por sus últimas declaraciones, ha asegurado que Andalucía "copia" la 
política de vivienda del Ejecutivo madrileo, al destinar el 30% del 
suelo urbanizable a vivienda protegida. De lo que no ha opinado Mario 
es de la medida más revolucionaria de la futura ley andaluza, que 
pretende garantizar un piso a quien gane menos de 3.000 euros al mes.

Preguntada por si el Ejecutivo regional teme que se produzca un crack en 
la economía madrilea a causa de la subida de las hipotecas, Mario ha 
explicado que en la Comunidad de Madrid "hay actualmente un millón de 
hipotecas vivas que han supuesto a las familias 200 euros al mes ó 2.400 
euros al ao", motivo por el que el Ejecutivo autonómico "está muy 
preocupado". La consejera, que no ha querido dar más detalles de los 
procedimientos que utilizará el Gobierno regional para evitar los 
efectos de la subida de las hipotecas, ha acusado a la ministra del 
ramo, Carme Chacón, de hacer declaraciones "frívolas" al afirmar que 
"son muy pocos los afectados" por el endeudamiento de las familias 
debido a la subida del Euríbor.

Tras visitar una Oficina de Información al Ciudadano sobre 
Rehabilitación en Vallecas, Mario ha advertido de que decir que el 30% 
de la renta es lo que un espaol destina a su hipoteca "como ha dicho 
Chacón" es, a su juicio, "no conocer los datos del Banco de Espaa". "Me 
parece muy poco riguroso que haga estas declaraciones tan poco sólidas", 
ha sentenciado. La consejera ha detallado que los datos del Banco de 
Espaa ponen de manifiesto que el 45% de la renta de las familias se 
dedica a pagar hipotecas.

"El 50% a suelo público"

Sobre el anteproyecto de ley presentado ayer por la Junta de Andalucía, 
que garantizará a los andaluces una casa, en alquiler o en propiedad sin 
que el esfuerzo económico para adquirirla supere en ningún caso el 33% 
sus ingresos familiares, Mario ha asegurado que el Gobierno andaluz 
"está haciendo el esfuerzo de acercarse a las políticas de vivienda" 
vigentes en la región, aunque ha aadido que "otra cosa distinta es que 
sea capaz de conseguirlo".

Además, la normativa seala que el Gobierno andaluz impondrá a los 
ayuntamientos la obligación de destinar el 30% del suelo calificado a la 
construcción de casas protegidas. Sobre este punto concreto, la 
consejera de Vivienda ha sealado que la Junta propone como "novedoso e 
innovador" algo con lo que la Comunidad de Madrid cuenta "desde hace 
aos". Según Mario, "Madrid destina el 50% desde hace varios aos".

Para la responsable autonómica de Vivienda, "las cosas no se solucionan 
con una tendencia excesiva a la regulación", al tiempo que ha mostrado 
su conformidad con las palabras del ministro de Economía, Pedro Solbes, 
al considerar que incorporar el derecho a la vivienda a una ley "no 
garantiza" la solución del problema. Finalmente, Mario ha asegurado que 
el 64% de las viviendas que se construyen en la Comunidad de Madrid son 
protegidas.





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